lunes, 4 de febrero de 2008

EL 44% DE LOS ESPAÑOLES CREEN NECESARIO INVERTIR MÁS EN AYUDA AL DESARROLLO


La mitad de la población es pesimista sobre la efectividad de los recursos, ya que cree que contribuyen poco a resolver los problemas de los países pobres. El 38% realiza alguna aportación económica
Casi la mitad de los españoles, el 44,4 por ciento, consideran que el Gobierno debería invertir más en Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) y más de un tercio opina que el destino de esta ayuda debería dirigirse prioritariamente a los países del África Subsahariana, según el Barómetro de diciembre elaborado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). El 29,5 por ciento considera que se debería mantener el nivel actual y sólo el 8,6 por ciento afirma que se debería reducir. Además, según esta encuesta realizada a un total de 2.472 personas en 236 municipios españoles el pasado mes de diciembre, el 85,1 por ciento defiende que el Gobierno ayude a los países menos desarrollados, frente al 6,8 por ciento que considera que España no debería ayudarles a resolver sus problemas. Los españoles se muestran divididos en cuanto a si la ayuda es suficiente. El 40,8 por ciento considera que el Gobierno destina muchos (5,3 por ciento) o bastantes (35,5 por ciento) recursos a la cooperación al desarrollo.
Frente a ellos, el 39,4 por ciento opina que se destinan pocos (35,2 por ciento) o muy pocos (4,2 por ciento) recursos. Preguntados sobre a qué regiones debe destinar España estos recursos, el 35,4 por ciento defiende que la ayuda española debería dirigirse, en primer lugar, a los países del África subsahariana, seguidos de los del norte de África (22,9 por ciento), los latinoamericanos (17,9 por ciento) y, en último lugar, los de Europa del Este (4,3 por ciento). Los españoles parecen tener claro que es el Gobierno central el que gestiona el mayor volumen de la AOD (55,5 por ciento de los encuestados), seguido por las ONG para el Desarrollo (ONGD), con un 20,9 por ciento, siendo muy pocos los que apuntan a las comunidades autónomas (2,8 por ciento), los ayuntamientos (1,5 por ciento) y las empresas (1,5 por ciento).