El concejal José Luis Ábalos exige al consistorio que redacte el reglamento para establecer las obligaciones de la empresa, garantizar los derechos de los ciudadanos y sancionar el vandalismoEl Grupo Municipal Socialista ha denunciado hoy que el interés y las prisas del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Valencia por sacar cuanto adelante cuanto antes la concesión del sistema público de alquiler de bicicletas a la multinacional Decaux le ha llevado incluso a no haber redactado todavía el reglamento que debe regular el servicio y garantizar los derechos de los usuarios. El concejal y viceportavoz, José Luis Ábalos, recordó que recientemente se procedió a la apertura de plicas relativa a la contratación de la instalación, gestión integrada y mantenimiento de un servicio de transporte público de bicicletas para uso ciudadano en la ciudad de Valencia, sin que se haya procedido todavía a la adjudicación provisional del referido contrato. En el expediente, tras varias vicisitudes, se refleja una advertencia de los servicios jurídicos municipales, de tal forma que el pasado 7 de enero del año en curso, el abogado de la ciudad, en relación con el referido contrato y en el informe preceptivo que legalmente debe emitir dice: “Si la naturaleza de la contratación se califica como servicio público habrá que tener en cuenta el artículo 116 de la Ley de Contrataciones del Sector Público”. Dicho precepto, relativo al régimen jurídico del servicio dice: “Antes de proceder a la contratación de un servicio público, deberá haberse establecido su régimen jurídico, que declare expresamente que la actividad de que se trata queda asumida por la Administración respectiva como propia de la misma, atribuya las competencias administrativas, determine el alcance de las prestaciones en favor de los administrados, y regule los aspectos de carácter jurídico, económico y administrativo relativos a la prestación del servicio.”“Entendemos que esta contrata, además de en el negocio de la publicidad, se basa en la prestación de una actividad que constituye un servicio público. No creemos que sea un buen precedente la concesión definitiva de un servicio público que, en estas condiciones, se prestaría al libre albedrío de la contrata y sin más requisitos y obligaciones que los derivados de los pliegos de condiciones. La normativa aludida obliga a una regulación que protege sobre todo al usuario, más allá de las relaciones contractuales entre Contrata y Ayuntamiento”, explicó Ábalos.El edil denunció que “no consta que se haya dado cumplimiento a esta normativa, es decir, la aprobación previa a la contratación del preceptivo Reglamento de Servicios, en el que se determinen los derechos y deberes de los usuarios del servicio, el alcance de las prestaciones, régimen de responsabilidades, régimen de prohibiciones, infracciones y sanciones, etc.Por todo ello, anunció la presentación de una moción a la próxima comisión de grandes proyectos, vivienda y urbanismo en la que se solicita que, con carácter de urgencia, “se elabore por el departamento municipal competente el reglamento del servicio de transporte público de bicicletas para uso ciudadano en la ciudad de valencia”.El edil recordó, asimismo, que el pliego de condiciones de contratación del servicio público de alquiler de bicicletas es un traje a medida para la multinacional Decaux, que ya explota en la ciudad la publicidad del mobiliario urbano. Ábalos, explicó que el pliego de condiciones del contrato, cuyo objetivo es “la instalación, gestión integrada y mantenimiento en el dominio publico municipal de un sistema publico de transporte individualizado mediante puesta a disposición a publico de 2.500 bicicletas y la implantación de 250 paradas para su estacionamiento, así como la información institucional, la información horaria y de temperatura mediante soportes de mobiliario urbano de uso publicitario”, con un valor estimado de 165 millones de euros y una duración de 20 años prorrogables a 25, constituye un procedimiento que “ha tratado de eludir la concurrencia pública” como consecuencia de la voluntad expresada desde el principio por el equipo de gobierno de adjudicar el servicio a una determinada empresa.Además, al ligar el servicio de alquiler de bicicletas al de la explotación publicitaria del mobiliario urbano y establecer que el primer se financiará con los beneficios del segundo (cuya concesión vigente no expira hasta 2014), sólo permite que Decaux rentabilice el servicio, al ser ya concesionaria de la publicidad. Otras empresas no lo podrían rentabilizar pues, de resultar ganadoras del concurso, deberían prestar el servicio de alquiler de bicicletas sin obtener ingreso alguno por publicidad hasta el vencimiento del contrato de publicidad dentro de cinco años. No ha ocurrido lo mismo en Sevilla, donde pese a tratarse del mismo pliego, la concesión de la publicidad expiraba en sólo un año.domingo, 14 de junio de 2009
EL PSPV DENUNCIA QUE EL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA AÚN NO HA REDACTADO EL REGLAMENTO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE BIBICLETAS
El concejal José Luis Ábalos exige al consistorio que redacte el reglamento para establecer las obligaciones de la empresa, garantizar los derechos de los ciudadanos y sancionar el vandalismoEl Grupo Municipal Socialista ha denunciado hoy que el interés y las prisas del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Valencia por sacar cuanto adelante cuanto antes la concesión del sistema público de alquiler de bicicletas a la multinacional Decaux le ha llevado incluso a no haber redactado todavía el reglamento que debe regular el servicio y garantizar los derechos de los usuarios. El concejal y viceportavoz, José Luis Ábalos, recordó que recientemente se procedió a la apertura de plicas relativa a la contratación de la instalación, gestión integrada y mantenimiento de un servicio de transporte público de bicicletas para uso ciudadano en la ciudad de Valencia, sin que se haya procedido todavía a la adjudicación provisional del referido contrato. En el expediente, tras varias vicisitudes, se refleja una advertencia de los servicios jurídicos municipales, de tal forma que el pasado 7 de enero del año en curso, el abogado de la ciudad, en relación con el referido contrato y en el informe preceptivo que legalmente debe emitir dice: “Si la naturaleza de la contratación se califica como servicio público habrá que tener en cuenta el artículo 116 de la Ley de Contrataciones del Sector Público”. Dicho precepto, relativo al régimen jurídico del servicio dice: “Antes de proceder a la contratación de un servicio público, deberá haberse establecido su régimen jurídico, que declare expresamente que la actividad de que se trata queda asumida por la Administración respectiva como propia de la misma, atribuya las competencias administrativas, determine el alcance de las prestaciones en favor de los administrados, y regule los aspectos de carácter jurídico, económico y administrativo relativos a la prestación del servicio.”“Entendemos que esta contrata, además de en el negocio de la publicidad, se basa en la prestación de una actividad que constituye un servicio público. No creemos que sea un buen precedente la concesión definitiva de un servicio público que, en estas condiciones, se prestaría al libre albedrío de la contrata y sin más requisitos y obligaciones que los derivados de los pliegos de condiciones. La normativa aludida obliga a una regulación que protege sobre todo al usuario, más allá de las relaciones contractuales entre Contrata y Ayuntamiento”, explicó Ábalos.El edil denunció que “no consta que se haya dado cumplimiento a esta normativa, es decir, la aprobación previa a la contratación del preceptivo Reglamento de Servicios, en el que se determinen los derechos y deberes de los usuarios del servicio, el alcance de las prestaciones, régimen de responsabilidades, régimen de prohibiciones, infracciones y sanciones, etc.Por todo ello, anunció la presentación de una moción a la próxima comisión de grandes proyectos, vivienda y urbanismo en la que se solicita que, con carácter de urgencia, “se elabore por el departamento municipal competente el reglamento del servicio de transporte público de bicicletas para uso ciudadano en la ciudad de valencia”.El edil recordó, asimismo, que el pliego de condiciones de contratación del servicio público de alquiler de bicicletas es un traje a medida para la multinacional Decaux, que ya explota en la ciudad la publicidad del mobiliario urbano. Ábalos, explicó que el pliego de condiciones del contrato, cuyo objetivo es “la instalación, gestión integrada y mantenimiento en el dominio publico municipal de un sistema publico de transporte individualizado mediante puesta a disposición a publico de 2.500 bicicletas y la implantación de 250 paradas para su estacionamiento, así como la información institucional, la información horaria y de temperatura mediante soportes de mobiliario urbano de uso publicitario”, con un valor estimado de 165 millones de euros y una duración de 20 años prorrogables a 25, constituye un procedimiento que “ha tratado de eludir la concurrencia pública” como consecuencia de la voluntad expresada desde el principio por el equipo de gobierno de adjudicar el servicio a una determinada empresa.Además, al ligar el servicio de alquiler de bicicletas al de la explotación publicitaria del mobiliario urbano y establecer que el primer se financiará con los beneficios del segundo (cuya concesión vigente no expira hasta 2014), sólo permite que Decaux rentabilice el servicio, al ser ya concesionaria de la publicidad. Otras empresas no lo podrían rentabilizar pues, de resultar ganadoras del concurso, deberían prestar el servicio de alquiler de bicicletas sin obtener ingreso alguno por publicidad hasta el vencimiento del contrato de publicidad dentro de cinco años. No ha ocurrido lo mismo en Sevilla, donde pese a tratarse del mismo pliego, la concesión de la publicidad expiraba en sólo un año.
