Cuando Carlos Fabra y Luís Díaz Alperi, aluden a su situación personal de imputados para manifestar su solidaridad con Camps, no le hacen ningún favor a éste, simplemente se autoreivindican a su costa.
La frivolización del alicantino en torno a la situación de imputado ha sido un puro desahogo que deja a la justicia de este país en entredicho, incluidos aquellos miembros de la judicatura con los que pueda relacionarse Alperi. Desconozco si habla con fundamento, esto es, si ha conseguido alguna imputación judicial del modo que señala, pero si tiene conocimiento del comportamiento de algún fiscal en tal sentido, debería proceder a denunciar tal delito de prevaricación.
Alperi, evocando al dirigente andalucista que dijo que la justicia era un cahondeo, ha situado la calificación de imputado como un hecho irrelevante, casi, diríamos, normal en el ejercicio de la acción pública. Y la calificación misma en un acto de frivolidad judicial. Dada esta situación, ser imputado puede constituir un acto de orgullo, una consecuencia del ejercicio de una posición política que molesta al adversario, más aún cuando va acompañada del éxito electoral. “Soy un imputado” puede ser el lema de un nuevo desafío político para contagiar apoyos.
Para deslegitimar la acción de la justicia, los imputados y sus solidarios precisan que aquella pueda verse como una consecuencia de la batalla política y para eso precisan que la oposición baje a la arena y actúe con oportunismo. Es lo que harían ellos, pero cuando el tema está en manos de la justicia es a ella a la que le corresponde resolver la cuestión.
La frivolización del alicantino en torno a la situación de imputado ha sido un puro desahogo que deja a la justicia de este país en entredicho, incluidos aquellos miembros de la judicatura con los que pueda relacionarse Alperi. Desconozco si habla con fundamento, esto es, si ha conseguido alguna imputación judicial del modo que señala, pero si tiene conocimiento del comportamiento de algún fiscal en tal sentido, debería proceder a denunciar tal delito de prevaricación.
Alperi, evocando al dirigente andalucista que dijo que la justicia era un cahondeo, ha situado la calificación de imputado como un hecho irrelevante, casi, diríamos, normal en el ejercicio de la acción pública. Y la calificación misma en un acto de frivolidad judicial. Dada esta situación, ser imputado puede constituir un acto de orgullo, una consecuencia del ejercicio de una posición política que molesta al adversario, más aún cuando va acompañada del éxito electoral. “Soy un imputado” puede ser el lema de un nuevo desafío político para contagiar apoyos.
Para deslegitimar la acción de la justicia, los imputados y sus solidarios precisan que aquella pueda verse como una consecuencia de la batalla política y para eso precisan que la oposición baje a la arena y actúe con oportunismo. Es lo que harían ellos, pero cuando el tema está en manos de la justicia es a ella a la que le corresponde resolver la cuestión.
Publicado en el Diario ABC el 23 de Febrero de 2009
