El director de Amnistía Internacional (AI) en España, Esteban Beltrán, destacó que este país no puede ser “una excepción mundial” que incumpla las exigencias del derecho internacional a la hora de investigar los crímenes del pasado y proteger los derechos de sus víctimas. A su juicio, nuestro país está “en una encrucijada”, porque investigar los crímenes y desapariciones de la guerra y el franquismo “es un imperativo legal según todos los instrumentos internacionales ratificados por España”.Durante la presentación del informe España: La obligación de investigar los crímenes del pasado y garantizar los derechos de las víctimas de desaparición forzada durante la Guerra Civil y el Franquismo, el presidente de AI en España, Esteban Beltrán, lamentó los impedimentos que se están poniendo en nuestro país a la hora de investigar las desapariciones y los crímenes de la guerra y la dictadura. Según indicó, “la encrucijada de investigar o no graves crímenes contra la humanidad no es un dilema moral ni un principio ético”, sino que “investigar, localizar fosas, exhumar restos e investigar los posibles autores y reparar a las víctimas es un imperativo legal según todos los instrumentos internacionales ratificados por España.
La organización internacional ha presentado también un documento con el título Mitos y distorsiones con el que pretende desmontar trece de los argumentos de la Fiscalía para paralizar las exhumaciones. Entre ellos, el texto se enfrenta a la afirmación de que la Ley de Memoria impide las acciones judiciales, que los crímenes han prescrito o que quedaron resueltos con la Ley de Amnistía de 1977.El presidente de AI España matizó que el caso de España es singular porque, a diferencia de lo ocurrido en otros países, no es el Ministerio Fiscal quien está impulsando las investigaciones, sino un juez, mientras que la Fiscalía se encarga de “obstaculizar” el proceso. En este sentido, recordó que “son un puñado de países los que se han opuesto a sus obligaciones constitucionales e internacionales”, como Mozambique o Camboya, mientras que el resto han utilizado sus procesos de transición para condenar los crímenes dictatoriales.Beltrán destacó también que en España las víctimas identificadas de desapariciones forzadas durante la guerra y el franquismo ascienden a 114.000, un número que supera con creces las registradas en toda Latinoamérica en los últimos 40 años, muy por encima incluso de los 30.000 desaparecidos en Argentina o los 45.000 en Guatemala.Además criticó que de la treintena de países con desaparecidos forzados “solo España” ha eludido la responsabilidad de crear una “comisión de la Verdad” para desentrañar qué ocurrió exactamente y tomar, si es necesario, acciones penales.
